El precio de la justicia y el valor de defenderla
Durante años, acudir a los tribunales se convirtió en un lujo. Las personas no pagaban solo con ansiedad, tiempo o incertidumbre. Pagaban con dinero. Con tasas que convertían el derecho a reclamar en un privilegio reservado a quienes podían permitírselo. Esta es la historia de cómo, desde un pequeño despacho con alma de resistencia, logramos que el Tribunal Constitucional dijera basta.
Todo comenzó en 2013, cuando la entrada en vigor de la Ley 10/2012 inauguró un modelo de justicia fiscal que pretendía financiar el sistema judicial… a costa de excluir a los más vulnerables. Las nuevas tasas afectaban directamente a miles de personas y pequeñas empresas, obligándolas a elegir entre rendirse o endeudarse para defender sus derechos. Fue un antes y un después en el acceso a la justicia en España.
Mientras el descontento jurídico crecía en los foros, los juzgados y las calles, en Javaloyes Legal decidimos que no bastaba con protestar. Había que encontrar un resquicio legal. Y lo encontramos.
Una rendija en el muro: el acceso al Tribunal Constitucional
Miguel Javaloyes, letrado director del despacho, sabía que la ley de tasas, por ser una norma con rango de ley, no podía ser impugnada directamente por un particular. Pero también sabía que el Derecho, cuando se estudia con precisión, ofrece rutas donde otros solo ven muros. Y así, representando a la compañía Dvuelta, diseñó una estrategia tan arriesgada como milimétrica: atacar la Orden HAP/490/2013, un reglamento del Ministerio de Hacienda que hacía operativa la ley superior.
Era una vía poco transitada. La llave estaba en el procedimiento de protección de derechos fundamentales, regulado en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Un recurso excepcional, de alta exigencia técnica, y que en la mayoría de los casos ni siquiera se admite a trámite. Pero esta vez, sí.
Miguel argumentó que dicha orden, al permitir la finalización automática de procedimientos por impago de tasas, vulneraba el artículo 24.1 de la Constitución Española: el derecho a la tutela judicial efectiva. Y no se conformó con pedir la anulación de la orden. Fue más allá: solicitó que la Audiencia Nacional elevara una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional sobre la propia ley que daba cobertura al sistema.
Un recurso, una puerta abierta para millones
Convencer a un tribunal de que una ley puede ser inconstitucional no es tarea menor. Requiere no solo argumentar, sino desarmar jurídicamente una estructura normativa completa. Y lo hicimos. La Audiencia Nacional accedió a la solicitud. El Auto que planteaba la cuestión de inconstitucionalidad fue, en sí mismo, una victoria procesal sin precedentes.
El 13 de julio de 2017, el Tribunal Constitucional dictó la Sentencia 92/2017. Declaró inconstitucionales varios artículos de la Ley de Tasas, limitadamente al orden contencioso-administrativo, en procedimientos de interposición, apelación y casación. ¿La razón? Las tasas imponían una carga económica desproporcionada que disuadía del ejercicio de derechos, especialmente cuando el litigante debía enfrentarse al poder público.
El TC fue claro: la justicia no puede depender del bolsillo. No puede tratar igual a grandes corporaciones que a ciudadanos de a pie. No puede cobrar hasta 1.200 euros por recurrir decisiones de la Administración. No puede, en definitiva, blindar al poder frente a quienes lo cuestionan.
Cuando la justicia deja de ser una quimera
Gracias a esta resolución, se desmontó uno de los sistemas más injustos de tasas judiciales que ha conocido nuestra democracia. Ya no se impidió a nadie acudir a los tribunales por no tener suficiente dinero. Ya no hubo que elegir entre litigar o comer. Y todo ello gracias a una maniobra jurídica trazada desde la convicción de que la justicia debe ser accesible o no será.
Fue una victoria para Dvuelta. Pero también fue una victoria colectiva: para abogados, jueces, fiscales, procuradores… y para cualquier persona que alguna vez necesitó defender su verdad ante un juez.